Fotomultas: un fallo judicial y el retiro de las “trampas” renovaron el debate

El amparo presentado por un conductor en contra de las fotomultas que tuvo respuesta afirmativa de la Justicia de Entre Ríos y el reciente retiro de un par de radares en rutas nacionales de Corrientes renovaron el debate sobre ese tipo de dispositivos, aunque los organismos que nuclean a víctimas de accidentes viales afirman que “en el mundo está comprobado que las fotomultas salvan vidas”. Según el organismo estatal encargado de controlar la actividad, el uso que se le daba en la provincia a estos aparatos era improcedente y constituían “trampas de velocidad”. Se trata de los radares de Mocoretá (Autovía de la Ruta 14) que fueron dados de baja, la misma suerte corrieron los radares ubicados en la localidad de Santa Rosa (Ruta 118), en tanto que el radar móvil de El Sombrero (Ruta 12) fue suspendido hasta octubre. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, que dirige un correntino de apellido Pérez, decidió el retiro de los equipos luego de recibir una catarata de quejas de conductores que eran multados mediante un procedimiento artero. La medida no consiguió, sin embargo, erradicar un debate de fondo y que tiene que ver con el beneficio que supone el uso de los radares. “Está comprobado con estadísticas que cuando uno quiere hacer prevención sirven los controles viales que detienen autos, sirve generar conciencia a través de campañas y sirven las cámaras instaladas que después envían la multa”, dijo a Télam, Viviam Perrone, una de las fundadoras de Madres del Dolor cuyo hijo, Kevin Sedano, murió en abril de 2002 tras ser atropellado por un auto. La mujer afirmó que “si bien es cierto que en el momento (que se realiza la fotomulta) la persona que va a más velocidad que la permitida sigue circulando, como no se puede tener un policía en cada esquina es una forma de prevenir, porque quien recibe una multa se va a controlar la próxima vez que haga ese recorrido”. Ejemplificó, “desde que colocaron fotomultas sobre una calle donde se corrían picadas, ya no se corren más, nadie pasa los 60 kilómetros por hora”. El argumento es válido, una vez infraccionados los conductores (con sentido común) se cuidan de no volver a cometer la infracción, pero el problema es cuando las infracciones son absurdas o ilegales. El viernes 29 de abril el juez federal Nº 2 de Paraná, Daniel Alonso, hizo lugar a un amparo presentado por un conductor entrerriano, declarando la nulidad del acta de infracción de tránsito por exceso de velocidad que se le había impuesto en la provincia de Misiones. El magistrado consideró que “no se aplicó” la metodología establecida en el artículo 70 del Reglamento Nacional de Tránsito, sino que se limitó a aplicar “un sistema automático que no puede actuar como mecanismo preventivo de siniestralidad vial”. Mientras la provincia de Misiones rechazó el fallo porque “declara la inconstitucionalidad de dos leyes que no tienen que ver con los radares”, Alberto Silveira, titular de la Asociación Civil Luchemos por la Vida consideró que “la decisión del juez habla de su ignorancia en materia de educación vial”. Y fundamentó: “En el mundo las fotomultas se usan como una herramienta muy eficaz para evitar accidentes graves con lesionados o muertos por exceso de velocidad”; además Silveira destacó que “países como Francia o España multiplicaron las cámaras de control y les atribuyen una disminución de entre el 15 y el 20% de la mortalidad”. No obstante, el experto destacó que “si las cámaras son mal utilizadas, deja de ser positivo”. Es lo que pasa en Corrientes, por ejemplo, donde los radares eran usados como trampas en lugares que no correspondía. “El problema es todavía más grave, porque te confeccionan una multa, te condenan y ejecutan sin que tengas posibilidad de ejercer la defensa. Eso es inconstitucional. Peor todavía, te inscriben la infracción en el registro nacional y uno no se entera, todo es ilegal”, explicó el abogado correntino Carlos Tomasella, quien fue el primero en dar esta batalla contra el sistema. Hace un lustro recurrió al amparo judicial para frenar las multas y además encaró un pedido especial al entonces gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri.s